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La integridad pública es definida por la Secretaría Pública de Integridad (SIP) como “la actuación coherente -con valores, principios y normas- que promueve y protege el desempeño ético de la función pública, de modo que los poderes y recursos confiados al Estado se dispongan hacia los fines que se destinaron, asegurando que el servicio público a la ciudadanía esté orientado al interés general y la generación de valor público”.

Valor público: Generar resultados efectivos que

respondan a las necesidades y expectativas de las personas

(Presidencia del Consejo de Ministros [PCM], 2022).

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